El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra hasta por 10 minutos el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor presidente. Éste será un debate parlamentario abierto, conforme al reglamento. Habrá de ser duro como violenta ha sido la acción del gobierno, del cual es usted ?escuche, escuche Lozano? el principal instigador.
Después de haber asaltado a garrotazos una empresa pública y disuelto ilegalmente un contrato de trabajo no espere que lo tratemos como príncipe heredero; máxime cuando no ha dicho una sola palabra sobre el tema que se discute. Ha dicho, "en poco tiempo pudo dominar plenamente el derecho del trabajo". Falacias. Usted es sólo experto en trabajos sucios.
Insolente y provocador está jugando una apuesta personal de poder por la vía del enfrentamiento social y de la mano dura. La política laboral es el espacio donde se construye la legitimidad por el diálogo, o acaba de enterrarse por el atraco. Es usted el brazo armado de la privatización, es la continuidad de Mouriño en su versión fascista. Es la otra cara de la represión económica encarnada en el paquete fiscal encaminada a la represión social y probablemente a la represión política.
El debate suscitado por el decretazo arroja conclusiones irrefutables. Ha desmontado las mentiras esgrimidas por el gobierno y evidenciado una estrategia golpista de alta peligrosidad.
Acaban de comentarme algunos diputados, entre ellos Adán López, Emilio Serrano y Carlos Flores Rico, que además de probar cobardía es usted perjuro. Miente cuando dice que respeta la división de poderes, cuando ha violado flagrantemente las facultades del Congreso. Miente cuando habla de un repunte del empleo. Ochocientos mil puestos de trabajo se han perdido durante el año, y no hable de minas de carbón, para recordarnos, Pasta de Conchos, ni menos de justicia laboral, porque ha instaurado usted la ley del garrote.
El análisis de las condiciones laborales impuestas al Sindicato Mexicano de Electricistas por vía del tope obligatorio, revela una disminución neta del ingreso promedio de los trabajadores, superior al 28 por ciento.
La mitad de ellos gana menos de 6 mil pesos mensuales, tres veces y poco el salario mínimo, que apenas rebasa la canasta alimenticia recomendable. Es además la tercera parte del salario mínimo de Norteamérica.
Los argumentos referidos a la ineficiencia de la empresa son deleznables. Apenas el 10 de junio la Secretaría de la Función Pública valoró los resultados del Comité Mixto de Productividad, y otorgó una calificación de 93.8 por ciento en el cumplimiento de las metas pactadas con el sindicato.
La negociación colectiva es en tiempos de crisis el método privilegiado para enfrentar situaciones semejantes en todo el mundo. No hay otro caso de declaración de guerra a las organizaciones gremiales, y despido masivo de casi 60 mil trabajadores en momentos de agudo desempleo. La negativa de toma de nota de la sustitución de las leyes sindicales no era sino un tramposo pretexto para proceder a la brutal liquidación de la empresa.
En Estados Unidos 40 economistas han llamado a la revitalización de la vida sindical, ya que la erosión de los contratos colectivos fue causa de haberse perdido una prosperidad compartida en aras de una amplia brecha de desigualdad.
Todo lo hacen a contrapelo, como una banda de necios secuestrados por la oligarquía. Su paquete fiscal contraerá el ingreso y el mercado interno, empobrecerá a la sociedad y no resolverá ningún problema económico.
No nos engaña. Casi un 50 por ciento de la electricidad que se consume en el país está en manos privadas, 772 permisos especiales. Éste es el tiro de gracia a la empresa pública y una grave ofensa a la Constitución.
Son muchas las violaciones al orden legal. La desaparición de un sindicato por decisión administrativa es una afrenta contra el artículo 123 y las convenciones internacionales. La creación y desaparición de empresas paraestatales es facultad del Congreso, con mayor razón cuando se trata de actividades estratégicas.
La falacia de que 42 millones de transferencias federales a la empresa se destinan a subsanar la ineficiencia de los trabajadores ha quedado desmentida, ya que se utilizan íntegramente para costear la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad.
Se ha demostrado que si la compañía cobrara las cuantiosas evasiones y concesiones a las grandes empresas se obtendrían también 40 millones de recursos extras. La pregunta que no se ha respondido son las verdaderas motivaciones para estallar un conflicto de estas proporciones.
Un drástico viraje ideológico y político al que no se habían atrevido hasta ahora. Su objetivo es polarizar al país y enseñar la violencia de Estado como promesa de futuro a los grupos oligárquicos.
El Congreso es hoy la línea institucional de resistencia y no debe ceder en el rechazo al autoritarismo. El gobierno avanza en la militarización del país, la supresión de los derechos humanos y la política, por decreto, trata de rebasar a sus adversarios por la derecha y plantea a la sociedad un desafío insolente para orillarla a la confrontación.
Las organizaciones sociales y civiles, los parlamentarios y todas las fuerzas políticas del país, debemos de actuar con la mayor firmeza y actitud pacifista, ya que se trata de una abierta provocación.
Hay que evitar el abuso y evitar que se tiña de rojo una página más de nuestra historia. No hay en este caso lugar para el equívoco ni el doble juego; controversia constitucional, defensa sindical y movilización social.
Como lo dice el pueblo en las calles, el SME se queda, los sindicatos prevalecen y a Calderón se le quita la toma de nota que indebidamente se le concedió. Calderón se va con toda su pandilla. Muchas gracias, señor presidente. Que el chaparro ponga su changarro.
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